Este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cabe preguntarnos si la imposición de una maternidad no deseada puede considerarse como un acto de violencia institucional hacia nosotras. En pleno 2025, podemos cuestionarnos: ¿es el aborto un debate superado?
Hasta el año 2010, abortar libremente en Navarra estaba prohibido. A muchas nos tocó viajar hasta el País Vasco para ejercer nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pagando más de 500 € en clínicas privadas que asumían un rol que el Estado no nos garantizaba. Una vez que se obligó a la Comunidad Foral a prestar estos servicios ginecológicos, nos encontramos con la sorpresa de la “objeción de conciencia” de gran parte de los profesionales formados en las aulas del Opus Dei.
Todo esto nos muestra una falsa moralidad. Nos exigen reproducirnos, ser incubadoras, pero no nos garantizan los medios económicos necesarios para cuidar de nuestros embarazos ni la protección laboral adecuada. Si tenemos en cuenta que debemos procrear durante nuestra juventud para evitar que los fetos nazcan con malformaciones derivadas de los llamados “embarazos geriátricos” (definidos científicamente a partir de los 35 años), nos pilla el inicio de nuestra vida laboral con la edad biológica “adecuada” para ser madres. Ante esta dicotomía, cabe plantearnos: ¿intentamos formar una familia antes de los 30 años o nos preocupamos por tener un currículum competitivo que nos permita acceder al mercado laboral asalariado?
Quienes han optado por ser madres lo han hecho con grandes dificultades, incluso contando con el apoyo de una pareja o de una familia. En muchas ocasiones se suma la dificultad de tener trabajos temporales o de duración determinada, por lo que, con cinco meses de gestación, es imposible encontrar otro empleo que permita acceder a permisos o prestaciones, con lo cual toca acudir a los servicios sociales de turno para pedir ayuda. ¿Son esas las mejores condiciones para traer una nueva vida a este mundo?
Somos conscientes de la realidad que nos rodea, por lo que, ante un embarazo inesperado, queremos contar con los medios necesarios tanto para llevarlo a cabo como para ponerle fin sin ser juzgadas socialmente. Queremos poder contar con la correspondiente baja por incapacidad temporal tras el procedimiento —que puede durar entre dos y cuatro semanas— tal como se recoge en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Tenemos derecho a no ser despedidas ni acosadas por abortar. Incluso si aún tuviéramos molestias en los días posteriores, deberíamos poder optar a una reubicación temporal.
Según lo que recoge la citada ley, debemos contar con un permiso retribuido desde el primer día a cargo de la empresa; el segundo día corresponde a la Seguridad Social con un pago del 60%, y a partir del día 21 con un 75%. Esta “Ley del aborto” establece que podemos decidir sobre nuestro cuerpo a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento de los representantes legales. Se permite realizar la interrupción voluntaria
del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, sin la charla previa que antes nos imponían en las clínicas sobre la maternidad, y elimina los tres días de reflexión obligatorios.
También existen dificultades para las migrantes, no sólo por las barreras lingüísticas y culturales, sino por el tipo de empleos informales que realizan muchas de las que están indocumentadas y que no tienen acceso a los recursos, o aquellas que trabajan como internas y sufren un gran aislamiento social.
Muchas migrantes deben endeudarse para costearse el precio de las pastillas (en torno a los 350 €) o de las intervenciones. Deben mentir en sus trabajos, decir que se encuentran “indispuestas” o, en el peor de los casos, continuar trabajando con todas las molestias, sin poder realizar el reposo necesario.
No debemos olvidar que nuestra lucha como mujeres debe partir de la libertad sobre nuestros cuerpos, de nuestra capacidad colectiva de decidir si queremos ser madres o no, y de contar con todos los recursos necesarios para hacerlo dignamente.
Salud y Anarquía
